WORLD-WIRE, del 05/11/09, anuncia el invento de EarthSure, una empresa de Woodbridge, New Jersey, de un automóvil que utiliza energía solar y eólica, produciendo a la vez electricidad que puede ser transferida al hogar, para gran ahorro en el consumo.

La revista titula el artículo en forma inquisitiva hacia las empresas petroleras, indicando que éstas están haciendo lo posible por impedir se le facilite a la empresa fabricante la obtención de la patente por el vehículo, lo cual no parece factible, toda vez que las gestiones han sido completadas legalmente.

El vehículo, que tiene un diseño similar a los carros que funcionan con gasolina, es considerado como el gran paso adelante en la campaña mundial de la energía limpia, pues elimina por completo el uso de los combustibles fósiles, convirtiéndose en el gran elemento que habrá de causar un impacto en la revolución ambiental, pues la mayor de las emanaciones contaminantes de la atmósfera proviene hasta ahora de la inmensa cantidad de vehículos movidos por gasolina o diesel.

Igualmente, estos dos productos son los favoritos de las refinerías del petróleo, sin los cuales muchas de éstas tendrían que clausurarse. De aquí, la preocupación de la industria petrolera por el éxito del nuevo carro eléctrico AirRay.

El sistema utilizado por el AirRay es muy especial. El techo del vehículo consiste de un panel que contiene una membrana del tipo “honeycomb” o acanalado, la cual absorbe los rayos del sol, bien estando el vehículo estacionado o en movimiento, pasando la energía al sistema ubicado en la parte trasera. La tapa del “motor” cubre tres turbinas que absorben la fuerza del aire recibido en movimiento y la convierten en energía eléctrica, la cual es almacenada en la batería del vehículo. Una cuarta turbina de aire está ubicada en la cajuela o “maleta” del vehículo, absorbiendo la corriente de aire que se forma alrededor del vehículo en movimiento.

Los ingenieros han incorporado al vehículo la característica, que recibe el nombre en inglés de Vehicle-to-Grid, V2G, la cual permite al usuario transferir energía eléctrica a su vivienda o en sentido contrario, favoreciendo así el costo que debe pagarse por el consumo de energía.

El primer AirRay tendrá las características descritas en un modelo híbrido, que también pueda moverse con gasolina o diesel. Sin embargo, anuncia Raymond Saluccio, el presidente de EarthSure, nuestra creación definitiva será totalmente eléctrica y no tendrá uso para los combustibles. El vehículo definitivo será capaz de desarrollar velocidades convencionales, pero su diseño llamará mucho la atención de la gente. La versión final del AirRay está prácticamente terminada, pero EarthSure, el fabricante, ha introducido solicitudes para cubrir diferentes patentes ante la U.S. Patent and Trademark Office, para asegurarse que el desarrollo del mercado será rápido una vez aprobadas dichas patentes.

Andrés E. González Añez. Coordinador de proyectos y estudios.

Panamá ha gozado de un reciente florecimiento económico, impulsado por la afluencia de muchos capitales de riesgo y actuando como uno de los más importantes refugios bancarios del Caribe. Sin embargo, ya el país empieza a sufrir de las restricciones impuestas por las naciones desarrolladas, particularmente las europeas y los Estados Unidos, a la existencia de tales “refugios”

El Economista del 29 de octubre, titula su artículo sobre el problema panameño como “La tarea incompleta de limpiar la reputación financiera del país”, lo cual dice bastante de la forma cómo el resto de los grandes países están enfocando la situación panameña.

Bajo la dictadura de Manuel Noriega en 1980, el mundo se acostumbró a ver cómo salían y entraban en Panamá maletas repletas con dinero obtenido del negocio de las drogas. Así que no causó mayor sorpresa cuando la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD por sus siglas en inglés), un club de naciones ricas, incluyeron a Panamá en su “lista gris” de países con muchas suspicacias en su relaciones financieras internacionales.

Ya meses atrás, países de bastante notoriedad en el campo “gris” de los refugios financieros, como las Islas Cayman y Liechenstein, se pasaron al “lado bueno”, aceptando de no muy buena gana las reformas exigidas por la OECD para impedir las amenaza de sanciones por parte de los grandes países.

Panamá, en cambio, no ha cedido un ápice, manteniendo férreamente y aún reforzando su reputación como el paraíso fiscal de la América Latina. Los líderes políticos y de negocios del país insisten que su sistema financiero es un parangón de integridad y que Panamá ha sido injustamente seleccionada por los países ricos que han sufrido los efectos de la recesión mundial. “Los Estados Unidos constituyen el paraíso financiero más grande del mundo”, dice Juan David Morgan, abogado, señalando como ejemplo las exenciones ofrecidas a los extranjeros inversionistas. Pero ellos quieren mostrarnos como chivos expiatorios por nuestra visibilidad y por cuanto tenemos el canal, que una vez fue de ellos.

La realidad es que Panamá se encuentra muy lejos de ser el país al cual se le acusa. Sus bancos están estrictamente regulados. El abrir una cuenta en un banco panameño requiere una semana de procedimientos burocráticos, todo vigilado por una agencia oficial altamente respetada, la cual está pendiente de las grandes cuentas, especialmente. El país se ubica en cuarto lugar entre los treinta países encuestados por la “Financial Action Task Force” (un organismo creado por el Grupo de los Siete Grandes), vigilando el lavado de dinero. El gobierno mantiene una alta tasa impositiva a los capitales locales, exceptuando las inversiones extranjeras.

Sin embargo, Panamá no ha hecho progreso alguno en prevenir la evasión de impuestos por parte de extranjeros que se refugian en el país. Para ello el gobierno debe celebrar acuerdos con por lo menos 12 países, intercambiando información sobre cuentas requeridas. El país se muestra renuente a firmar estos acuerdos por cuanto ellos se refieren a ingresos obtenidos en el país. El presidente, Ricardo Mantinelli, insiste que él firmará los acuerdos para eliminar la doble imposición, los cuales permitirán el intercambio informativo de cuentas y podrían atraer las inversiones extranjeras. A pesar de haber enviado negociadores a Italia, Holanda, España y México, Martinelli no ha recibido apoyo alguno, bajo la presunción que él está tratando de alargar el tiempo lo más posible.

Las leyes corporativas panameñas también son objeto del escrutinio legal de los países del G7. En el país es posible la instalación de una compañía en minutos, sin la obligación de pagar impuestos sobre sus inversiones extranjeras y siendo admisible mantener el nombre de los accionistas en la anonimia. Los panameños insisten que esta última práctica ha estado vigente en varios países de la América.

Esta política, sumada al secreto estricto sobre la identidad de los cuenta – habientes, una economía dolarizada y facilidades extremas en las actividades del transporte y de las telecomunicaciones, ha convertido al país en un atractivo para empresas “de facto”. El país es uno de los que poseen el mayor número de compañías subsidiarias en el mundo y procede a registrar unas 45.000 nuevas empresas “offshore” cada año.

Además, Panamá es un destino atractivo para el lavado de dinero. Su ubicación la convierte en la única ruta terrestre para los traficantes de droga desde la América del Sur a Norte América. La zona de mercado libre maneja unos 19 mil millones de dólares de bienes al año, presentando buenas oportunidades para el lavado de dinero. Igualmente la industria de la construcción está en pleno auge, con unos 18 mil apartamentos en construcción entre abril del 2008 y diciembre del 2010, haciendo que los locales denominen los nuevos edificios como las “torres de la cocaína”.

Sin embargo existen motivaciones legítimas para el auge de la construcción. Muchas empresas multinacionales tienen oficinas en Panamá y el país atrae estadounidenses retirados, así como colombianos y venezolanos nerviosos por la situación en sus respectivos países. Pero la velocidad de desarrollo de los proyectos también provoca la atención de los suspicaces, particularmente debido a que los constructores pagan a sus empleados y suplidores estrictamente en efectivo. Gabriel Btesh, un contratista, dice que los rusos han estado activos inundando el mercado, adquiriendo propiedades en las playas por medio de corredores y terceras personas, tratando de evitar su identificación. El escuadrón anti-drogas del gobierno tiene apenas una docena de funcionarios empleados y ha registrado solo 21 casos en lo que va de año.

Sin embargo, el artículo dice que Panamá no podrá continuar su libre carrera por mucho tiempo, por cuanto los grandes bancos franceses y españoles están clausurando sus operaciones en el país, bajo su adhesión a la OECD. Igualmente el tratado de comercio con los Estados Unidos está en peligro de cierre.

El Presidente Martinelli se muestra un tanto desafiante y alega que Panamá, a diferencia de los países caribeños, tiene una economía realística, lo cual hace los negocios un tanto más complicados. Dulcidio de la Guardia, viceministro de las finanzas, manifiesta que Panamá quiere ser un miembro responsable de la comunidad internacional, pero que siempre mantendrá sus intereses por delante.

Andrés E. González Añez. Coordinador de proyectos y estudios

El 17 de febrero de 2009, la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, acusó ante el Tribunal de Distrito en Dallas, Texas, a Allen Stanford, sus asociados y sus bancos de estafar a sus inversionistas mediante el esquema Ponzi. Ese mismo día, el referido Tribunal designó un Síndico (Receiver, en inglés) para que se encargara de investigar y determinar la existencia de los activos en manos de Stanford y se los reintegrara a los inversionistas.

El Síndico designado, Ralph Janvey, abogado de Dallas, ordenó de inmediato la congelación de todas las cuentas y movimientos de las instituciones del Grupo Stanford, así como el despido de todos los empleados de la organización.

Dos días después, el Alto Tribunal (una suerte de Corte Suprema) de Antigua y Barbuda, el 19 de febrero de 2009, copió las acciones de su colega norteamericano, designando sus propios Síndicos, Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, de la firma auditora Vantiss Business Recovery, filial de la misma en Londres, quienes procedieron a congelar las operaciones del Stanford International Bank Ltd. y del Stanford Trust Co.. Más adelante, el 19 de abril de 2009, la Alta Corte ordenó la liquidación del SIBL, mientras el Trust Co. se mantenía bajo el control de los Síndicos.

Para la fecha del presente escrito, 04 de noviembre de 2009, a poco menos de un año de la acción de la SEC, la gran mayoría de inversionistas, particularmente latinoamericanos, se mantiene en el más extenso de los limbos financieros que se conocen, pues la solución del caso Stanford permanece en un misterio que no se aleja mucho en complejidad al de la Santísima Trinidad.

informa en su última edición que los inversionistas “podrían” llegar a recuperar, cuando mucho, un veinte por ciento de su dinero, pues el resto ha sido gastado en yates, casas de playa y otros “adminículos”, además del pago que debe hacerse a los síndicos y a sus ayudantes por el esfuerzo de descubrir el lugar donde se encuentran los reales y las propiedades liquidable de Stanford.

Sin embargo, existen evidencias de que parte del misterio se está aclarando, pues de la página referida en el párrafo anterior, encontramos que el Síndico Janvey, el de Dallas, ya ha obtenido honorarios por 27 millones de dólares por sus grandes sacrificios en la investigación y ha exigido se le pague el 34% de los $81,1 millones que dice haber localizado que, según nuestras cuentas, monta a un pago adicional de otros $27millones.

Naturalmente, esos honorarios salen de los bolsillos de los inversionistas, es decir, habrán de deducirse de lo que haya de reintegrarse a los mismos, por cuya razón alguno de los comentaristas del caso creen que estos reintegros no pasarán de un promedio de menos del 20% de lo invertido originalmente.

Desde luego, todos estos cálculos son poco menos que conjeturas. Pero lo que es evidente es que aquí Stanford no ha sido el único que se ha aprovechado del dinero de los inversionistas. Hasta el 17 de febrero pasado, cada uno de los inversionistas recibió de Stanford el pago de los intereses correspondientes.

Por ello, consideramos difícil que ninguno de los inversionistas tenga evidencias que presentar ante la justicia en contra de Stanford. Ese problema queda totalmente en manos de los acusadores de la SEC et al.

Por otra parte, el asunto se enreda más por las divergencias entre los síndicos de Dallas y los de Antigua, incluyendo los tribunales, pues cada uno de ellos exige que las inversiones del SIBL y del Stanford Trust Co., incluyendo las realizadas en los Estados Unidos, caigan dentro de la jurisdicción propia, creándose con ello una pelea que podría arrastrar a los dos grandes: el Reino Unido y los propios Estados Unidos. Hasta ahora, se cree que el asunto habrá de someterse al arbitraje internacional para llegar a una decisión, pero lo más probable es que ello resulte en más gastos, pues, como vemos, éstos aumentan al compás del tiempo perdido y de las apetencias de los abogados. Además es posible que en dicho arbitraje tenga que involucrarse a los gobiernos de los países latinoamericanos y del Caribe, donde puedan estar ubicados los activos solicitados. Naturalmente, cada uno de los arbitradores querrá sus respectivas tajadas de la torta.

Una tercera conjetura, la que más se acerca a la seriedad que amerita el caso,  se concentra en la posibilidad de demandar masivamente a la SEC, al FINRA (Financial Industry Regulatory Agency), al DOJ (Department of Justice) y al propio Gobierno Federal de los Estados Unidos, por el hecho que cada una de estas instancias permitió y al hacerlo, se hizo cómplice tácito de la estafa cometida por una institución financiera estadounidense, debidamente registrada en dichas instancias, en perjuicio de más de 20 mil personas de América latina y durante más de quince años consecutivos, quienes confiaron sus ahorros a dicha institución, principalmente por el hecho que la misma es parte integrante de las finanzas bajo la potestad de la afamada justicia que se supone impera en la nación más poderosa del mundo: Los Estados Unidos de América.

Para cerrar, cabe tomar en cuenta que una demanda al gobierno norteamericano tardaría más de un año en resolverse, según lo expone la Ley Tart de dicho país (muy similar al castellano “torta”, tanto en pronunciación como en significado).

Andrés E. González Añez. Coordinador de proyectos y estudios.

El sábado 12 en Londres y el domingo 13 de setiembre en Basilea, Suiza, los ministros financieros del G-20 se reunieron en preparativas de la cumbre programada para el 24 y 25 de este mismo mes en Pittsburgh, en las cuales sobresalió la propuesta de imponer una reglamentación estricta a los bancos, los cuales deben mantener activos líquidos adecuados para cubrir sus pasivos a corto plazo, por una parte y por la otra, el imperativo de compensar a sus directivos con mayor discernimiento y moderación.

Nuevamente Der Spiegel, el prestigioso diario alemán, en su edición del 14 de setiembre, destaca un comentario sobre el acuerdo expuesto entre los Ministros de las Finanzas europeos para el establecimiento internacional de reglamentaciones que deben ser observadas por todos los bancos, cuidando de mantener suficientes medios de liquidez para solventar sus pasivos y de sobrepasar su propio nivel de endeudamiento. Esta vez la propuesta fue encabezada por los directivos de los bancos centrales de los diferentes países miembros del G-20.

El Presidente del Banco Central Europeo (parte de la Unión Europea), Jean-Claude Trichet, expresó que la esencia de la propuesta mencionada era el reducir las posibilidades de traumas financieros, añadiendo que el acuerdo alcanzado en dicha reunión entre los 27 principales países del mundo, constituyen la base de los nuevos patrones que fundamentarán las leyes bancarias en dichos países.

El comité de bancos centrales es parte del BIS, siglas del Bank for International Settlements, cuyos fines establecen la importancia de promover la cooperación entre los bancos centrales y otras agencias teniendo como meta la estabilidad monetaria y financiera, según lo expresa su propia página Web. En esencia, añade el comentario, el BIS constituye “un banco para los bancos” centrales del mundo.

El Comité también puntualizó y aprobó la contención y regulación de los “super bonos” pagados a ciertos grandes banqueros, cuyas compensaciones deben estar alineadas a niveles prudenciales con la situación financiera internacional, ordenados dentro de un cota que no implique situaciones competitivas o modelos a copiar por otras instituciones financieras.

“Los banqueros parecen no haber aprendido las lecciones que han impuesto la crisis y por tanto los reguladores deben tomar la medidas necesarias para contener las ambiciones desmedidas”, expresó a Reuters el Profesor Wolfgang Gerke, de la European Business School, ubicada en Londres.

Sin embargo, no se llegó en las reuniones a aprobar la moción francesa de establecer o fijar límites a dichas compensaciones.

Las reuniones preparativas habrán de continuar este mes, siendo la próxima en Frankfurt, destinada mayormente a proyectar las medidas necesarias para reconstruir la confianza del público y del inversionista en particular en el sistema financiero internacional. En estas reuniones estarán presentes los “pesos pesados” de la banca, tales como Goldman Sachs, Morgan Stanley y el Deutsche Bank.

Hasta el presente, de acuerdo con el artículo de Der Spiegel, las propuestas y discusiones sobre la necesidad de un acuerdo global en materia de regulación bancaria no ha pasado de ser un buen deseo, pero esta vez existe una disposición general de hacer cumplir dichas propuestas y exigir a los gobiernos el materializarlas. De otro modo, añade el artículo, tendremos que enfrentarnos nuevamente, tarde o temprano, a la cara fea de otra crisis destructiva, cuyos efectos incluirán los mismos bancos.

Andres E. Gonzalez Añez
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