ap_Stanford_Arraignment_090625_mnEl 17 de febrero de 2009, la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, acusó ante el Tribunal de Distrito en Dallas, Texas, a Allen Stanford, sus asociados y sus bancos de estafar a sus inversionistas mediante el esquema Ponzi. Ese mismo día, el referido Tribunal designó un Síndico (Receiver, en inglés) para que se encargara de investigar y determinar la existencia de los activos en manos de Stanford y se los reintegrara a los inversionistas.


El Síndico designado, Ralph Janvey, abogado de Dallas, ordenó de inmediato la congelación de todas las cuentas y movimientos de las instituciones del Grupo Stanford, así como el despido de todos los empleados de la organización.

Dos días después, el Alto Tribunal (una suerte de Corte Suprema) de Antigua y Barbuda, el 19 de febrero de 2009, copió las acciones de su colega norteamericano, designando sus propios Síndicos, Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, de la firma auditora Vantiss Business Recovery, filial de la misma en Londres, quienes procedieron a congelar las operaciones del Stanford International Bank Ltd. y del Stanford Trust Co.. Más adelante, el 19 de abril de 2009, la Alta Corte ordenó la liquidación del SIBL, mientras el Trust Co. se mantenía bajo el control de los Síndicos.

Para la fecha del presente escrito, 04 de noviembre de 2009, a poco menos de un año de la acción de la SEC, la gran mayoría de inversionistas, particularmente latinoamericanos, se mantiene en el más extenso de los limbos financieros que se conocen, pues la solución del caso Stanford permanece en un misterio que no se aleja mucho en complejidad al de la Santísima Trinidad.

informa en su última edición que los inversionistas “podrían” llegar a recuperar, cuando mucho, un veinte por ciento de su dinero, pues el resto ha sido gastado en yates, casas de playa y otros “adminículos”, además del pago que debe hacerse a los síndicos y a sus ayudantes por el esfuerzo de descubrir el lugar donde se encuentran los reales y las propiedades liquidable de Stanford.

Sin embargo, existen evidencias de que parte del misterio se está aclarando, pues de la página referida en el párrafo anterior, encontramos que el Síndico Janvey, el de Dallas, ya ha obtenido honorarios por 27 millones de dólares por sus grandes sacrificios en la investigación y ha exigido se le pague el 34% de los $81,1 millones que dice haber localizado que, según nuestras cuentas, monta a un pago adicional de otros $27millones.

Naturalmente, esos honorarios salen de los bolsillos de los inversionistas, es decir, habrán de deducirse de lo que haya de reintegrarse a los mismos, por cuya razón alguno de los comentaristas del caso creen que estos reintegros no pasarán de un promedio de menos del 20% de lo invertido originalmente.

Desde luego, todos estos cálculos son poco menos que conjeturas. Pero lo que es evidente es que aquí Stanford no ha sido el único que se ha aprovechado del dinero de los inversionistas. Hasta el 17 de febrero pasado, cada uno de los inversionistas recibió de Stanford el pago de los intereses correspondientes.

Por ello, consideramos difícil que ninguno de los inversionistas tenga evidencias que presentar ante la justicia en contra de Stanford. Ese problema queda totalmente en manos de los acusadores de la SEC et al.

Por otra parte, el asunto se enreda más por las divergencias entre los síndicos de Dallas y los de Antigua, incluyendo los tribunales, pues cada uno de ellos exige que las inversiones del SIBL y del Stanford Trust Co., incluyendo las realizadas en los Estados Unidos, caigan dentro de la jurisdicción propia, creándose con ello una pelea que podría arrastrar a los dos grandes: el Reino Unido y los propios Estados Unidos. Hasta ahora, se cree que el asunto habrá de someterse al arbitraje internacional para llegar a una decisión, pero lo más probable es que ello resulte en más gastos, pues, como vemos, éstos aumentan al compás del tiempo perdido y de las apetencias de los abogados. Además es posible que en dicho arbitraje tenga que involucrarse a los gobiernos de los países latinoamericanos y del Caribe, donde puedan estar ubicados los activos solicitados. Naturalmente, cada uno de los arbitradores querrá sus respectivas tajadas de la torta.

Una tercera conjetura, la que más se acerca a la seriedad que amerita el caso,  se concentra en la posibilidad de demandar masivamente a la SEC, al FINRA (Financial Industry Regulatory Agency), al DOJ (Department of Justice) y al propio Gobierno Federal de los Estados Unidos, por el hecho que cada una de estas instancias permitió y al hacerlo, se hizo cómplice tácito de la estafa cometida por una institución financiera estadounidense, debidamente registrada en dichas instancias, en perjuicio de más de 20 mil personas de América latina y durante más de quince años consecutivos, quienes confiaron sus ahorros a dicha institución, principalmente por el hecho que la misma es parte integrante de las finanzas bajo la potestad de la afamada justicia que se supone impera en la nación más poderosa del mundo: Los Estados Unidos de América.

Para cerrar, cabe tomar en cuenta que una demanda al gobierno norteamericano tardaría más de un año en resolverse, según lo expone la Ley Tart de dicho país (muy similar al castellano “torta”, tanto en pronunciación como en significado).


Andrés E. González Añez. Coordinador de proyectos y estudios.